Foto: Ignacio Muñoz | AFP
La vulnerabilidad que viven las y los refugiados fue retratada, a través del testimonio de 12 personas venezolanas, en el último Informe de Amnistía Internacional llamado “Nadie quiere vivir en clandestinidad”: Desprotección de personas refugiadas venezolanas en Chile. Según relata el documento, los graves obstáculos para acceder a la protección internacional u otra forma de regularización migratoria pueden impactar negativamente en los derechos de las mujeres venezolanas, dejándolas en una situación de mayor vulnerabilidad.
La exigencia de autodenuncia por entrada irregular es un obstáculo a la protección internacional, ya que penaliza y discrimina a las personas refugiadas por su forma de ingresar al país, además de ir contra la Convención sobre el Estatuto de Refugiados y su Protocolo, tratado del que Chile es parte. De esta forma, la medida pone en riesgo la vida y los derechos de las personas.
En palabras de la presidenta de la fundación, Sofía Laynon, «El Estado chileno fuerza a la mayoría de las personas venezolanas a ingresar por pasos fronterizos inseguros y no habilitados, pero a su vez las penaliza por entrar de manera irregular y obstaculiza que soliciten asilo. Sin opciones para acceder a vías de regularización ni poder ejercer sus derechos, las autoridades condenan a las personas venezolanas a una situación de absoluta desprotección. Las propuestas de reformas al marco normativo de movilidad humana deben estar orientadas a proteger los derechos de las personas en situaciones de extrema vulnerabilidad, incluidas mujeres, niñas y niños, en lugar de buscar facilitar su expulsión y profundizar la estigmatización hacia ellas”.
Según cifras oficiales del 2021, Chile alberga a unas 444.400 personas venezolanas; superado por Ecuador (502.000), Perú (1.500.000) y Colombia (2.500.000). En total, estos cuatro países, acogen a cerca del 70% de los 7millones de personas que han huido de Venezuela debido a la crisis sanitaria.
Asimismo, Estados Unidos ahora se sitúa como tercer mayor país receptor global con 545.000 personas venezolanas. De acuerdo al estudio realizado por Amnistía, tanto en Estados Unidos como en México incumplen sus obligaciones de garantizar acceso a procesos de solicitud de refugio y la no devolución de personas venezolanas a lugares o situaciones de riesgo.
La presidenta de Amnistía Internacional Chile agregó que «A las puertas de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, es un momento idóneo para dar a conocer las injusticias a las que se enfrentan las mujeres venezolanas en Chile y, al mismo tiempo, una oportunidad para exigir que el gobierno brinde respuestas a estas violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en nuestro país, incluido que garantice el acceso urgente a la protección internacional”.